Una normativa laboral que no abarca las realidades


Por Julieta Delpech

Buenos Aires, 14 de febrero de 2018

A día de hoy, las relaciones de trabajo dependiente en Argentina son regladas principalmente por una serie de normas que fueron pensadas, diseñadas y sancionadas en una época caracterizada por un contexto socioeconómico muy diferente al que vivimos: principios de la década de los 70. ¿Estas leyes siguen siendo protectorias para los/as trabajadores/as a pesar de que las condiciones socioeconómicas hayan cambiado tanto? ¿Las nuevas formas que adoptan las relaciones laborales quedan abarcadas por el derecho protectorio del trabajo?

Bastan algunos datos para hacernos una idea de la situación de nuestro país en la primera parte de la década de los 70, momento en que la Argentina alcanzó los mayores niveles de industrialización de nuestra historia, con algo más de un 27 %. Además, el país tenía una tasa de actividad del 38,7 %, el trabajo en negro no alcanzaba el 20 %, la tasa de desempleo era del 2,7 % y la pobreza, menor al 10 %. Según datos de la CEPAL, con un coeficiente de Gini del 0.35, la Argentina gozaba del mayor nivel de igualdad en el país hasta ese momento.

En cuanto al mundo sindical, durante aquellos años convivían la CGT, las 62 Organizaciones y el sindicalismo combativo liderado por René Salamanca (secretario general del sindicato de mecánicos de Córdoba), Agustín Tosco (secretario general del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba) y Raimundo Ongaro (creador de la CGT de los Argentinos).

En este contexto socioeconómico, el 27 de septiembre de 1974 fue sancionada la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, que rige las relaciones laborales del ámbito privado, a excepción de las vinculadas a actividades agrarias y a casas particulares. Un año después, en 1975, se firmarían también los convenios colectivos de trabajo de las principales ramas de actividad.

Algunos de estos datos pueden servirnos para comprender la lógica del otorgamiento de derechos a los/as trabajadores/as, lógica que resulta ser la misma tanto en la Ley de Contrato de Trabajo como en los citados convenios colectivos y que tiene como base principal la permanencia en el mismo lugar de trabajo a lo largo del tiempo. En este sentido, la Ley de Contrato de Trabajo se construye sobre una serie de pilares: un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, una jornada de trabajo estándar de ocho o nueve horas diarias de lunes a viernes y un tiempo de vacaciones que incrementa según la antigüedad, al igual que la indemnización por despido.

Por su parte, los convenios colectivos de trabajo también se estructuran y otorgan derechos en base al tiempo de permanencia en el mismo lugar de trabajo. De este modo, es habitual que contemplen un premio por antigüedad y por presentismo, además de establecer mecanismos para hacer carrera a lo largo del tiempo. Es decir, las condiciones de trabajo solo se ven beneficiadas (se ganan derechos) a partir de la prestación de servicios durante muchos años para una misma patronal. Por lo tanto, como los derechos se consiguen con la antigüedad, no se transfieren a un nuevo trabajo, no siguen al trabajador/a.

En síntesis, las principales normas que regulan hoy el mundo del trabajo en la Argentina se estructuraron, y siguen estructurándose, sobre la lógica “a mayor antigüedad bajo la misma patronal, mayores derechos”, en respuesta a un sistema social (de hace más de cuarenta años) que concebía el desarrollo profesional dentro de una misma empresa/industria. Corrían tiempos en los que el trabajo asalariado era el estructurador de la vida de las personas y el pase para no caer en la pobreza.

Del valor estructurante del trabajo a los nuevos modelos laborales

Sin embargo, ese valor estructurante del trabajo fue perdiendo fuerza en Argentina y en todo el mundo con el paso de los años. Las razones fueron muy diversas. Una de ellas fue la revolución de las comunicaciones y el avance de la tecnología, ya que, si bien hicieron que aparecieran nuevas oportunidades de trabajo, favorecieron la destrucción de muchos oficios. En 1991, según datos de la Oficina de Estadísticas de Trabajo de los Estados Unidos, la desaparición de puestos de trabajo como consecuencia de los avances tecnológicos afectaba mayoritariamente a los sectores productivos. No obstante, en este año 2017, actividades del sector servicios, como las telecomunicaciones por cable y la venta minorista, sufrieron tres cuartos de la pérdida total de puestos de trabajo en la economía privada.

Por otro lado, el ocaso del sistema fordista de producción, a finales de los años 70, hizo que surgieran nuevos modelos laborales, como la tercerización, implicando, según plantea la historiadora Victoria Basualdo, “una modificación de la relación dual entre empleadores de una empresa principal, claramente identificada, y un colectivo laboral relativamente homogéneo y organizado en torno a un sindicato por rama de actividad”.

Además, durante la década de los 70, nuestro país se vio atravesado por una dictadura cívico-militar que, según sostiene el economista Mario Rapoport, supuso la generación de “profundos cambios en la estructura económica argentina, que terminaron por conformar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta, comercial y de capitales, y el disciplinamiento social”.

En esta línea, además de suspender las negociaciones colectivas, la dictadura de 1976 llevó a cabo la primera gran reforma de la Ley de Contrato de Trabajo, que implicó una enorme reducción de los derechos de los/as trabajadores/as, derechos que, vale recordar, no han sido restablecidos por ningún gobierno democrático hasta la fecha.

Después de cuarenta años, llenos de cambios sociales, económicos y culturales; nos encontramos ante un  mundo del trabajo definitivamente distinto. A día de hoy, el trabajo no registrado alcanza el 33,8 %,  la tercerización del empleo es de un 40 %, el desempleo, del 15,8 %  y hay un 33 % de pobres. Además, según datos del INDEC, somos el país con la tasa de desempleo joven más alta de la región.

Ahora bien, frente a este panorama social y económico tan diferente al de los años en que se pensaron las leyes laborales, la lógica que otorga derechos a los/as trabajadores/as continúa estática y anclada en la antigüedad. Unas normas laborales rígidas que siguen sin repensar cómo podrían dar una respuesta satisfactoria a la gran cantidad de trabajadores/as que no se ven beneficiados/as por ellas.

El colectivo más perjudicado: los jóvenes

Es evidente que tanto la Ley de Contrato de Trabajo como la mayoría de los convenios colectivos no logran abarcar el complejo mundo de relaciones de trabajo que se desarrollan hoy día. Esta grieta entre normas laborales y realidad se ensancha aún más si ponemos la lupa en el mundo de los/as jóvenes. En Argentina, estos/as jóvenes suponen el 22 % de la población. Personas que, según el estrato social que ocupen, viven realidades completamente distintas dentro del mundo laboral.

De este modo, por un lado, tenemos a los/as jóvenes de la denominada generación millennial, nacidos entre los años 1985 y 2000, con entre 17 y 32 años aproximadamente. Estos/as jóvenes son la primera generación de nativos digitales, es decir, nacieron con computadoras y crecieron en un contexto que incorporaba internet en la vida cotidiana. Además, este grupo etario se caracteriza por tener una realidad socioeconómica estable y por poseer un nivel de educación superior. Esto supone, entre otras cosas, que estos/as jóvenes no comprenden su cotidianeidad sin conexión a internet, que perciben el trabajo como un medio de vida y no como un fin en sí mismo y que, en el momento de evaluar una oferta de trabajo, en general, privilegian la conciliación entre vida laboral y familiar al salario.

Por otro lado, se trata de una generación que no percibe que su desarrollo profesional se logre bajo la misma patronal, no tienen como paradigma hacer carrera en un mismo lugar de trabajo y jubilarse en él. De hecho, según un estudio de Adecco, el 91 % de los/as millennials cree que cambiará de trabajo en menos de tres años. Es más, conforme a la Encuesta de la Generación del Milenio realizada por Deloitte en 2016, el 47 % de estos/as jóvenes pretenden abandonar su trabajo en menos de dos años. Sin embargo, según se encuentra estructurado el mercado laboral argentino hoy día, estos/as jóvenes deberían de prestar servicios en el mismo lugar durante un mínimo de cinco años para poder gozar de más de dos semanas de vacaciones y solo verían aumentado (no actualizado) su salario con el paso del tiempo por el agregado de la antigüedad. En este sentido, a partir de los resultados de la investigación coordinada por el doctor en Historia Eduardo Martín Cuesta, los/as millennials son jóvenes que valoran la estabilidad en la empleabilidad por sobre la estabilidad en el empleo, tan buscada generaciones atrás. Además, para este grupo de jóvenes “la estabilidad está dada no por la relación con un mismo entorno de trabajo, sino por la posesión de las competencias que le permitan al trabajador salir de un empleo y entrar en otro sin grandes inconvenientes”.

En cualquier caso, existen otras realidades bien distintas, ya que dentro de ese 22 % de población joven argentina, un 18,9 % no tiene trabajo y un 38,6 % es pobre. Obvia decir que la preocupación de ambos colectivos, cuando hablamos de trabajo, no es la posibilidad de conciliar su vida laboral y familiar, como sucede con los millennials, sino conseguir un trabajo que les permita cubrir sus necesidades básicas. Por otro lado, dentro de ese 38,6 % de jóvenes pobres, podemos encontrar, entre otros, a trabajadores/as precarizados/as de la economía popular o vinculados/as a tareas de cuidado familiar. A todos ellos/as les une una misma característica: las normas laborales vigentes hoy en día los excluye, quedando fuera de toda protección.

 

La necesidad de una reforma laboral a favor de los/as trabajadores/as

El pasado mes de julio se aprobó en Brasil una reforma laboral que recorta gran parte de los derechos básicos de los/as trabajadores/as, derechos que se creían ya conquistados y que se consideraban inviolables, como los relacionados con las horas de trabajo o con el embarazo. En la Argentina, se prepara una reforma similar y otros países de la región siguen el mismo camino.

Si echamos la vista atrás, las principales reformas laborales que se han llevado a cabo en nuestro país han tendido siempre a reducir los derechos de los/as trabajadores/as. Tras la primera reforma realizada en el año 1976 por la dictadura cívico-militar, comentada anteriormente, se implantó en el año 2000 la reforma de la “Ley Banelco”. Esta reforma  incorporó, solo por dar un ejemplo, los sistemas de pasantías, una prestación de servicios encubierta bajo otra figura legal con la única finalidad de reducir los costos laborales, ya que, en realidad, no contribuyeron a aumentar las fuentes de trabajo. Asimismo, en 2012, la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo limitó a los/as trabajadores/as la posibilidad de reclamar en caso de accidente laboral con el objeto, una vez más, de reducir la litigiosidad, no los siniestros.

Desde el retorno de la democracia a esta parte, las reformas de las normas laborales que se han llevado a cabo en nuestro país solo han generado mayor desempleo y precarización de los puestos de trabajo. Ya es hora de comenzar a pensar en una reforma laboral que realmente consiga adecuar el marco legal a las relaciones de trabajo que se dan hoy en día, abarcando a la gran cantidad de trabajadores/as que se desempeñan en la economía popular, que realizan tareas de cuidado no remuneradas, que tienen microemprendimientos o que se organizan en forma cooperativa. Una reforma que implemente medidas tales como la renta básica universal, el salario complementario o la permanencia de los derechos laborales en cabeza del trabajador,  consiguiendo así que la antigüedad sea un derecho adquirido por el/la trabajador/a independientemente del lugar en el que brinde servicios.

Ahora, el desafío es afrontar la responsabilidad de lograr un sistema que no solo interpele a las nuevas formas de trabajo, sino que también incluya y proteja a la gran cantidad de trabajadores/as que la normativa laboral vigente excluye del mercado laboral en la Argentina.

 

 


REFERENCIAS

BASUALDO, V. (2016) Tercerización laboral en Argentina y América Latina: Debates y desafíos para una agenda de investigación, Revista Épocas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

GODIO, J. (1987-1991) El movimiento obrero argentino 1880-1990, 5 vols., Legasa, Buenos Aires.

MARTÍN CUESTA, E. (2009) La nueva generación y el trabajo, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Argentina.

RAPOPORT, M. (2011) “La herencia de la dictadura militar”, extraído de https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-164854-2011-03-25.html