Desigualdad de oportunidades en la actividad política argentina


Por Soledad Zárate

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017

En el pasado mes de octubre, se cumplieron 70 años de la sanción de la ley que habilitó a las mujeres a votar en la Argentina. Hasta ese momento, la mujer argentina no era un sujeto de derecho político. Sin embargo, ser sujeto de un derecho no alcanza para ejercerlo. Se necesitaron conquistas posteriores, como la sanción del cupo femenino en 1991, para reducir las barreras de acceso y propiciar una mayor incursión de las mujeres en la actividad política. A pesar de todo, a tantos años de ese hito, las mujeres aún se enfrentan a resistencias y a barreras culturales que les impiden alcanzar una igualdad real de oportunidades.

En 1947, a través de la Ley de Voto Femenino, también llamada Ley Evita (Ley 13.010), se incorporó formalmente a las mujeres argentinas en el ámbito político,  garantizándoles legalmente el derecho a elegir y a ser elegidas. La ley era el corolario de varias décadas de lucha en las que tanto el colectivo feminista como el Partido Socialista habían intentado, sin éxito, ampliar el derecho al sufragio. Sin embargo, desde 1952 hasta 1993, el promedio de diputadas nacionales fue de un 6,33 %, lo que puso en evidencia que, a pesar de que las mujeres detentaran el derecho a elegir y a ser elegidas, operaron preferencias masculinas a la hora de seleccionar las candidaturas. Por esta razón, en 1991 (con mucho esfuerzo por parte de un grupo de diputadas nacionales), se logró la sanción de la Ley de Cupo Femenino (Ley 24.012). A través de ella, la Argentina fue pionera mundial en adoptar una acción afirmativa que exigiera la incorporación de, al menos, un 30 % de mujeres en las listas legislativas de candidatos de todos los partidos políticos. Sí, pionera mundial, ya que a pesar de que los partidos políticos europeos habían adoptado cuotas femeninas anteriormente, estas eran voluntarias, no obligatorias, lo que redujo enormemente su efectividad.

La defensa del principio de igualdad

En los años subsiguientes, la aplicación de la norma tuvo marchas y contramarchas, ya que era resistida por los propios partidos políticos, que aprovecharon la falta de criterios unívocos en su aplicación para interpretarla de un modo acotado. De esta manera, incluían la menor cantidad posible de mujeres en las listas y en los últimos lugares o presionaban por la renuncia a la banca antes de asumir. Como respuesta a esta última situación, hubo numerosos planteos judiciales, incluso algunos que fueron llevados a cortes de justicia internacionales, como el caso de la militante de la Unión Cívica Radical María Merciadri de Morini, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Consejo Nacional de las Mujeres, creado en 1992, tuvo un rol muy importante en el patrocinio de estos casos, especialmente desde la reforma constitucional de 1994, y veló por el correcto cumplimiento de la ley. Sin embargo, la Justicia en estos primeros años también fue adversa a la aplicación del cupo. Estas circunstancias motivaron la sanción de dos nuevos decretos reglamentarios (el 379/1993 y el 1246/2000) que buscaron hacer operativa la ley, evitar los abusos por parte de los partidos y minimizar la cantidad de casos judicializados. Entre 1993 y 2003, las abogadas Alejandra Lázzaro e Ileana Fraquelli contabilizaron 1.273 resoluciones de la Cámara Nacional Electoral en la materia.

En líneas generales, el rol de la Justicia como custodio de la correcta aplicación e interpretación de normas de este tipo es crucial. Sin embargo, este rol, en ocasiones carente de una perspectiva de género, ha sido y es polémico. Por ejemplo, durante el proceso electoral de este 2017, un juez federal de primera instancia de Santa Fe intervino de oficio para solicitar la adecuación a la Ley de Cupo de la lista del partido Ciudad Futura. El caso fue apelado y llegó a la Cámara Nacional Electoral. Por otro lado, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (sin mediar planteo judicial de ningún partido o alianza presentada a las PASO) emitió de oficio una resolución que desestimaba el cumplimiento de la ley de paridad para aquellas agrupaciones que hubieran presentado más de una lista en las PASO.

La defensa del principio de igualdad en la participación y representación política argentina ha ido ganando algunas batallas, es cierto. Inicialmente, la Ley de Cupo solo regía para la selección de diputados y convencionales constituyentes. Tras la reforma de 1994, se puso en práctica para las listas de candidatos al Senado nacional. En 2009, la Ley 26.571 modificó la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y estableció el cumplimiento de la Ley de Cupo también para la elección de autoridades partidarias. Asimismo, desde 2015, la Ley de Cupo se ha hecho extensiva a las listas de candidatos al Parlasur. Y, recientemente, la Cámara Nacional Electoral asumió una postura activa en defensa del principio de igualdad y emitió un fallo donde exhortó a todos los partidos políticos del país a respetar y a promover la paridad de género en sus organizaciones. No obstante, a día de hoy, algunas agrupaciones continúan siendo reticentes al cumplimiento de esta disposición.

La distribución sexista de las tareas políticas

Un aumento considerable de la presencia femenina en el Poder Legislativo fue el efecto inmediato de la sanción de la Ley de Cupo durante los años posteriores a 1991. De este modo, según datos de CIPPEC, la Cámara Baja pasó de tener un 6 % de diputadas a un 39 % y la Cámara Alta incrementó su número de senadoras de un 8 % a un 40 %. Sin embargo, pese a la efectividad inicial de la ley, la evolución de la participación de las mujeres en el Congreso de la Nación se amesetó a partir de 2009. Desde entonces, se mantiene en torno al 35-39 %.  Por otro lado, no existen  leyes de acción afirmativa que garanticen la llegada de las mujeres al resto de poderes del Estado: el Ejecutivo y el Judicial. La escasa cantidad de mujeres en ambos poderes es concluyente acerca de la necesidad de garantizar legalmente un piso de igualdad.

Asimismo, aunque el cupo femenino posibilitó la llegada de una mayor cantidad de  mujeres al Congreso, dentro de esta institución continúa habiendo una distribución de tareas sexista. En comparación con los hombres, las mujeres ocupan pocos cargos jerárquicos dentro de las cámaras (presidencias) y lo mismo sucede en las principales comisiones de trabajo. Por ejemplo, desde el retorno de la democracia, nunca una mujer ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados y, actualmente, presiden 15 de 38 bloques, lo que supone un 39 % del total. En las provincias, se da una situación similar. Del total de comisiones presididas por mujeres, más de la mitad se concentra en temas socioculturales tradicionalmente asociados a ellas: Asuntos Sociales, Salud, Niñez, Familia o Juventud. Sin embargo, hay una baja presencia femenina en comisiones más estratégicas, como Hacienda o Presupuesto.

En cualquier caso, hay que considerar como un auténtico progreso que Bolivia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, México y, muy recientemente, Argentina hayan sancionado reglas de paridad. Además, en nuestro país, a nivel subnacional, también rigen en las provincias de Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro, Chubut, Salta, Buenos Aires y Neuquén.

Conclusiones y cosas por hacer

La democracia se fundamenta en la convicción de que todas las personas son igualmente dignas de consideración y de respeto, y en que tienen el derecho a intervenir, en pie de igualdad, en la decisión de los asuntos comunes. Además, los derechos de participación política son constitucionales y están ratificados en tratados y pactos internacionales a los que se adhiere la Argentina. En consecuencia, la democracia debe garantizar las mismas condiciones de acceso a la actividad política tanto a hombres como a mujeres y, en caso de existir distorsiones, el Estado tiene la responsabilidad de actuar para mitigarlas.

En este sentido, la Ley de Cupo se pensó como una medida de carácter transitorio para corregir las distorsiones de género existentes en la representación ciudadana en la Argentina. Hoy, 26 años después de su sanción, resulta insuficiente para garantizar una composición equilibrada del Congreso, dado que, como hemos visto, persisten prácticas culturales y barreras informales que dificultan el acceso de las mujeres a esta y a otras instituciones de la vida pública y política. De hecho, el estancamiento en la proporción de bancas ocupadas por mujeres en el Congreso sugiere que los partidos políticos tienden a respetar las disposiciones solo en la medida en que la Justicia inhabilita a las listas que incumplen la ley. En conclusión, el marco legal vigente resulta ser un condicionante que opera tanto para fortalecer como para debilitar los cambios en esta materia.

Por otro lado, aunque la reciente ley de paridad nacional es un avance contundente, la Justicia y los partidos deberán estar a la altura y evitar desvirtuarla en su implementación (como ya ocurrió con el cupo y con la paridad en algunas provincias). En cualquier caso, aún resta alcanzar el Tribunal de Justicia y los gabinetes. Por ello, la paridad sería una medida definitiva que pondría en pie de igualdad a mujeres y a hombres en el acceso a cargos electivos. En este sentido, países como Canadá, Francia, Bolivia o Chile tuvieron o tienen gabinetes ministeriales paritarios.

Y sí, obviamente demandará tiempo, pero el paso a una sociedad más plural y con mayor conciencia de las desigualdades es posible.


REFERENCIAS

CIPPEC (2016) “La paridad de género en el Congreso Nacional”, extraído de http://oear.cippec.org/wp-content/uploads/2016/09/La-paridad-de-genero-en-el-Congreso-Nacional-VF1.pdf (recuperado el 28/08/2017).

DOŠEK, T.; FREIDENBERG, F.; CAMINOTTI, M.; y MUÑOZ-POGOSSIAN, B. (2017) Women, politics, and democracy in Latin America: crossing boundaries of gender and politics in the Global South, Wisconsin, Series Editor.

MARX, J.; BORNER, J.; y CAMINOTTI, M. (2007) Las legisladoras: cupos de género y política en Argentina y Brasil, 1ª edición, Buenos Aires, Siglo XXI Editora Iberoamericana.

PNUD (2017) La paridad política en Argentina: avances y desafíos, Panamá, Organización de las Naciones Unidas. Mujeres.